martes, 24 de enero de 2006

Ver y no creer II

Intenten ustedes explicar por ahí cómo un gobierno que se dice de izquierdas, socialista, promueve la distinción de las personas según su lugar de nacimiento, promueve el fin del sistema de solidaridad entre los españoles, promueve que las regiones ricas sean más ricas y, por lo tanto, las pobres sean más pobres y promueve que unos ciudadanos tengan más derechos que otros según el idioma o lugar donde residan. Izquierda en estado puro, evidentemente.

No sólo está la discusión en el concepto de nación, que se soluciona muy fácilmente cambiando la Constitución española (es evidente que dicha ley y el nuevo estatuto catalán entran en pura contradicción), yendo a referéndum y a dejando opinar a los ciudadanos. A todos, que para eso es la Constitución de España. Por otra parte, he repetido hasta la saciedad que cualquier región tiene el derecho a declararse independiente, pero con todas las consecuencias. No el chiringuito este de estar dentro para unas cosas y fuera para otras.

No sólo es lo de nación, decía, sino que también está el tema económico, el verdadero motivo de los nazionalismos. Agencia propia, control propio de los impuestos procedentes de las actividades en toda España de las empresas con domicilio en Cataluña y, por supuesto, ni un céntimo de euro al vecino. "Que vuelen solos", dijo el por ahora presidente de la Generalidad no hace mucho tiempo. Otro señor de izquierdas dando ejemplo de coherencia.

No sólo el concepto de nación, ni la nueva financiación, ni el blindaje de competencias, que viene a ser algo así como que "yo me quedo con esto para siempre y no se puede cambiar mientras yo no lo diga, da igual que el resto del mundo piense lo contrario", ni lo de la bilateralidad esa, ni, por supuesto, el carácter sumamente intervencionista del estatuto, que regula hasta el derecho a disfrutar del paisaje (temas en los que no entro porque allá los catalanes con sus cosas). Lo tremendo es el derecho de veto. Digamos que se aprueba una ley en las Cortes Generales de Madrid, donde hay diputados elegidos por todas las provincias. Bien, supongamos que esa ley no es del agrado del Parlamento de Cataluña. Pues la veta y punto. Es decir, señores a los que el resto del país no vota tienen el derecho a imponer sus criterios. Esto es, alguien que viva en Cataluña tiene más derechos que alguien que viva, por ejemplo, en Murcia. No ya es que manejen sus asuntos propios, para lo que tienen todos sus derechos, sino que además quieren controlar aquello que no les incumbe.

Y después de Cataluña vendrá la Comunidad Vasca, y luego Galicia, y así hasta La Rioja. Y el PP en Baleares, Valencia, Galicia y La Rioja pues a seguir con el asunto este. Más manejo de los virreinos autonómicos, más poder, más posibilidades de colocar a la familia, pues p'alante. Pero este es otro tema que trataremos otro día. Que tampoco es sencillo.

PD: Siento una profunda rabia y tristeza por los catalanes que no comulgan con el totalitarismo nacional- socialista. Tampoco sé qué decir respecto a ese tema, la verdad.

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